Un Gobierno inteligente:

Inteligencia artificial como herramienta clave en la lucha contra la corrupción

Adriana Consuelo Villavicencio Kcomt, estudiante de 8vo ciclo de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú

En un mundo de crecientes tecnologías, la inteligencia artificial (IA) se posiciona como una herramienta que se potencia cada vez más en el sector tecnológico, generando un gran impacto en la forma de hacer economía y el modo de vivir en sociedad. Un estudio del grupo Consultor PwC reveló que, para el año 2030, se espera que la inteligencia artificial provoque un incremento adicional al PBI mundial estimado en 15,7 billones de dólares adicionales, siendo 6,6 billones generados como consecuencia del incremento de la productividad y 9,1 billones por los efectos en el consumo (2017).

Siguiendo el pronóstico mundial, se debe tomar ventaja de las funciones brindadas por la inteligencia artificial, especialmente para combatir los principales problemas que impiden nuestro crecimiento como la corrupción, puesto que, además del impacto positivo que se puede obtener, es una oportunidad para fortalecer nuestro sistema gubernamental mediante la lucha contra los actos de corrupción con IA, porque con su eliminación, los recursos del estado se destinarían eficientemente a hacer efectivos los derechos de las personas. En el presente artículo se abordará cómo las funciones de la IA son una gran contribución en la lucha anti-corrupción.

En términos sencillos, Richard Kemp define a la inteligencia artificial como la combinación de un software que maneja como código fuente el algoritmo, el cual trabaja junto con gran cantidad de data. El software se prepara para ser instruido, es decir, para reproducir ciertas capacidades de la mente humana como el procesar información, correlacionar y deducir para resolver problemas complejos (2017). Asimismo, Markou and Deakin (2019) resaltan la etapa del proceso de la inteligencia artificial como el aprendizaje del software o “machine learning” un término que refiere a la capacidad del algoritmo de aprender en forma autónoma en base a la información que tiene disponible (pp.6).

A pesar de que este sistema autónomo aún es controversial por la personalidad que puede representar, es posible implementarlo en programas de seguridad, introducirlo en los procesos legales, en el sistema policial, seguros y otros, bajo un nivel determinado de gobierno digitalizado. Por ello, tomando ventaja de la aplicación de IA para conocer datos de interés, podemos enfocar nuestros esfuerzos en las funciones de detección y predictibilidad, para desmantelar y prevenir actos sospechosos, fraude y corrupción.

"La inteligencia artificial es una herramienta que mediante el uso ético y correcto es beneficioso y efectivo para combatir el principal problema que retrasa nuestro crecimiento como pais: la corrupción".

Asimismo, introdujo un plan piloto con el uso de IA y programas de análisis en el Servicio de Administración de Impuestos para detectar operaciones fraudulentas y evasión de impuestos. Al cabo de 3 meses, se detectaron 1200 compañías y 3500 operaciones fraudulentas. El reporte estimó que sin la IA, este proceso hubiera tomado alrededor de 18 meses. No obstante, consideró que México es un claro ejemplo de que las herramientas de IA no son suficientes para continuar con la lucha anti-corrupción debido a la falta de rapidez en la respuesta de la justicia. (Aarvik, 2019, pp. 4)

Otro ejemplo de U4-Report es Brasil. La Oficina de la Contraloría General desarrolló una aplicación que utilizaba “machine learning” para estimar el riesgo de comportamientos corruptos en los contratos civiles. Esto es posible con la utilización del seguro social del funcionario y con ello, la aplicación estima un porcentaje de tendencia a cometer fraude o cometer actos de corrupción (2019). Sin embargo, no es tan sencillo como se plantea, dado que se compone de cientos de variables que son tomadas en cuenta al momento de realizar el análisis, desde los aspectos más personales de los trabajadores como el tipo de educación, la afiliación política, otros relacionados a los porcentajes de criminalidad, relaciones comerciales, sociales, políticas, entre otros de convicción personal, que son usadas para entrenar al algoritmo.

A su vez, debemos reconocer la gran flexibilidad en la IA que hace posible la personalización de la herramienta a utilizar en entidades públicas. Dicho ello, si bien la situación respecto a la IA es alentadora y nos es posible reconocer sus aspectos positivos, del otro lado, nos enfrentamos a múltiples retos, los cuales necesitan ser alcanzados para un uso efectivo en beneficio de la comunidad. Solo tres de ellos serán abordador a continuación: la digitalización, la determinación de principios éticos en la regulación estatal y la inversión consciente.

En primer lugar, para poder hacer realidad un Estado digital e inteligente, es más que necesario iniciar con el proceso masivo de digitalización en todas las instituciones públicas. En el año 2016, Argentina inició un proceso radical de cambio organizacional y, para el año 2019, se declaró como un “gobierno sin papeles”. Estos ajustes tienen como principal ambición, asumir 4 frentes: reducir ampliamente los niveles de burocracia, acelerar la atención en los servicios estatales, reducir costos y seguir la lucha contra la corrupción (2019, pp. 46). Dicho proceso de digitalización es mandatorio para la implementación de IA y el Perú debe seguir la tendencia que han experimentado los países de la región. Pero la situación no es tan lejana como creemos, siendo que el factor impulsor de la digitalización fue la pandemia del Covid-19.

"Siendo que la Inteligencia Artificial es un software que a través de sus capacidades puede reproducir funciones similares a la de la mente humana, es posible utilizarla como herramienta para detectar y predecir la corrupción. Esto se convierte en un gran beneficio puesto que la corrupción es el principal fenómeno político que impide a los ciudadanos a acceder a los servicios de calidad, del mismo modo que permite ser más eficientes y certeros en la lucha contra la corrupción, sobre todo desde la perspectiva del machine learning que es capaz de abordar el problema desde la predictibilidad".

Por otro lado, si nos proyectamos en un futuro con IA, debemos tener en cuenta que existen diversos cuestionamientos que se han convertido en objeto de debate en los últimos años. Uno de ellos es la posibilidad de que puestos de trabajo se vean masivamente amenazados por un desplazamiento de puestos y que sean reemplazados por la automatización. Por tal motivo, es prerrequisito que el Estado desarrolle y ejecute políticas públicas coordinadas y dirigidas a moldear un ecosistema protector, que esté preparado para la transformación, que asegure continua investigación sobre los diversos impactos sociales y económicos, conocer los dilemas y riesgos para poder responder a los problemas derivados y dar soluciones integrales, tales como proveer educación calidad para construir nuevas capacidades humanas que respondan a las demandas laborales, promover oportunidades laborales, establecer lazos fuertes de gobernanza y colaboración con las partes más interesadas dentro de la sociedad (Corvalán, 2018, pp.333), que ayuden a reducir las desigualdades y no a acrecentarlas.

Finalmente, a fin de que se aproveche sus beneficios para impulsar un desarrollo positivo en las sociedades, es indispensable la ética y esta debe acompañar todo proceso de transformación a la implementación. En ese sentido, nos referimos a imponer límites, disponer reglas que mitiguen posibles daños ocasionados por el uso de la IA, y, sobre todo, evitar las malas praxis en su manejo por humanos. Esto ya es una realidad en Europa, quien ha introducido principios en el Reglamento (UE) 2016/679 funcionamiento de la IA , regulando aspectos como la racionalidad de la decisión, la responsabilidad civil respecto a los datos utilizados, la imparcialidad y ausencia de sesgos, seguridad en la implementación del sistema y evaluación del impacto.

En tal dirección regulatoria, Nueva Zelanda ha sido el primer país en aprobar el uso de algoritmos en julio del año 2020, siendo que la “Carta de Algoritmos de Nueva Zelanda” estableció principios para el manejo del impacto de la IA tales como transparencia, protección de la ciudadanía, adecuación del uso de datos, protección de la privacidad, la ética y los derechos humanos, y la supervisión humana. (Revista Byte Ti, 2020) [7]. Otro recurso son los 5 principios desarrollados por el Consejo de IA de la OCDE en el 2019, el primer estándar a nivel internacional en la materia que propone un sentido ético de los mismos: (i) crecimiento inclusivo, desarrollo sustentable y bienestar; (ii) centrado en el ser humano y justicia; (iii) la transparencia y explicabilidad; (iv) la robustez, seguridad y protección; y (v) accountability o rendición de cuentas de forma democrática.

Las cuestiones éticas respecto a la perspectiva humanística, bien común y derechos humanos son temas que deben ser abordados mandatoriamente en un código ético que sigan los principios planteados. Corresponde al sector jurídico y legislativo tomar en cuenta estos lineamientos éticos al momento de regular cuestiones como de qué forma se debe abordar a algoritmos con prejuicios raciales o de género influyan al momento emitir decisiones judiciales, acerca de la imputabilidad sobre la autonomía de la IA, la responsabilidad civil y otros relativos a la transgresión de derechos humanos.

En síntesis, es más que evidente que las tecnologías siempre han sido un factor de crecimiento en la evolución de la economía y sociedad. La inteligencia artificial no será la excepción, pues queda evidenciado que es una herramienta potencial y ventajosa para la función de la lucha contra la corrupción en el sector público. Sin embargo, dado que nos enfrentamos a un tipo de tecnología con capacidades de aprendizaje y autonomía, similares a las del ser humano, debemos asumir en la agenda política los diversos retos que implica su implementación. Su uso inadecuado podría generar concentración de un gran poder que amenace el equilibrio de una sociedad entera, por ello es importante que los estados asuman un rol protagonista en las políticas públicas respecto a la inversión, investigación e implementación de la IA con la finalidad de buscar un crecimiento sostenible sin reforzar las desigualdades. Asimismo, es indispensable el papel de los órganos legisladores y actores jurídicos en la regulación en el uso limitado y, sobre todo, ético de la inteligencia artificial.

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Bibliografía

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Corvalán, G. (2018). Inteligencia artificial: retos, desafíos y oportunidades – Prometea: la primera inteligencia artificial de Latinoamérica al servicio de la Justicia. Revista de Investigações Constitucionais. 5(1), 295-315.

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Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) . Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf

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