Edición especial: La tolerancia de los peruanos hacia la corrupción

Un estudio a través del Modelo Ecológico

Andrea Dámaso, estudiante de IV de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

El fenómeno de la corrupción corresponde a uno de los asuntos sociales más importantes del desarrollo de la sociedad y su composición multidisciplinaria permite infinitas evaluaciones desde diferentes disciplinas. Sin embargo, la representación de este fenómeno se ha visto limitada en los principios de la política, la economía y la sociología, las cuales han pasado por alto los procesos cognitivos, volitivos y conductuales a nivel personal. Por lo tanto, el presente ensayo dispone abarcar el análisis del fenómeno de la corrupción desde el plano psicológico, abstrayendo la actitud de tolerancia hacia los comportamientos corruptos, para estudiarla a través del modelo ecológico de Bronfenbrenner (1979/1987).

De acuerdo a Baron y Byrne (2005), la actitud es la reacción positiva o negativa que influye frecuentemente en la conducta. Existe, sin embargo, una dificultad que arrastra la compilación de datos sobre las actitudes, esta se debe a la subjetividad de las opiniones. Así pues, las evaluaciones de la corrupción son más comunes de elaborar por medio de indicadores económicos, puesto que señalan transversalmente las pérdidas y excusan las acciones que se deben tomar frente a un problema (Bigio y Ramírez, 2017). No obstante, el enfoque psicológico hace frente a la relación entre personas y este, a su vez, se justifica en la medida que los comportamientos sociales se tornan dañinos para la sociedad.

La corrupción se erige como una de las principales preocupaciones internacionales y en el debate nacional es reconocida, por la opinión pública, como el más grave de todos los conflictos (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2020). Según las encuestas de Proética, organización anexada a Transparencia Internacional, con el paso del tiempo nuestra sociedad se compromete cada vez más con la tolerancia media y alta hacia la corrupción (Proetica 2015; Proetica 2017; Proetica 2019). Asimismo, existe un desajuste entre el conocimiento, la actitud y la acción hacia la corrupción que se exhibe en, por ejemplo, reconocer que la corrupción es mala, pero aun así utilizar el soborno como medio para agilizar trámites (Baron y Byrne, 2005).

En un sentido más concreto, el fenómeno de la corrupción es un tema que ocupa aspectos extensos en la investigación y el desarrollo social, y de la misma manera, la actitud. A fin de unificar ambos asuntos, la corrupción y la actitud, que en la realidad se contradicen, se precisa manejar un sistema que reúna las condiciones para su conjunción. Por esta razón, es justo servirse del modelo ecológico que propone Bronfenbrenner (1979/1987), cuyo trabajo permite la coexistencia de acontecimientos que componen los patrones de interacción entre el individuo activo y el ambiente (Cortés, 2001). Por lo mismo, el objetivo principal es analizar la actitud de tolerancia de los peruanos hacia la corrupción a través del modelo ecológico de Bronfenbrenner (1979/1987). Esto, en aras de descubrir por qué nos conformamos con las prácticas corruptas. ¿Acaso la tolerancia esconde el sometimiento? Los sistemas inmersos en el modelo ecológico se encargarán de hipotetizar respuestas por medio de las relaciones individuales hasta su manifestación en la cultura.

"Según las encuestas de Proética, organización anexada a Transparencia Internacional, con el paso del tiempo nuestra sociedad se compromete cada vez más con la tolerancia media y alta hacia la corrupción".

El Microsistema

El microsistema plantea el encuentro de instituciones como la familia, la escuela, los colegas y las empresas, donde las conexiones entre persona y persona son directas; por consiguiente, se comparten las mismas experiencias (Ruvalcaba y Orozco, 2018). El problema de la tolerancia hacia la corrupción en el Perú identifica, en este nivel, dos agentes: el comportamiento de los iguales y la reciprocidad local.

Acerca del comportamiento de los iguales, Welsh et al. (2015), describen la teoría de la pendiente resbaladiza, la cual hace referencia a la degradación del comportamiento ético del individuo mediante la exposición gradual a actos deshonestos. Pero no solamente la exposición a estas conductas determina la adopción de una postura igual, sino que sugiere que la indulgencia hacia estas acciones es motivada por el deseo de integrarse en la comunidad (Welsh et al., 2015). Detenerse a comparar las acciones del grupo con las propias, y aún objetarlas, implica asumir ser un paria en el grupo correspondiente y perder la confiabilidad. Entonces, bajo esa presión, uno decide racionalizar poco a poco sus conductas corruptas -y la de los otros- para lograr equilibrar esa disonancia entre el conocimiento, la actitud y la acción.

Con respecto a la corrupción, Mujica (2011) la describe como las redes complejas que funcionan por la movilización de contactos; a la par, estos mantienen un grado de complicidad para activar los actos corruptos entre persona y persona. La práctica de la corrupción escala en los niveles de poder de acuerdo a la comunicación y confianza de los sujetos dispuestos a ejecutar las tareas deshonestas. Únicamente se puede ingresar a la red según el grado de compromiso y cantidad de socios con que se comparte la afinidad hacia el uso de los actos ilegales. Sobre este concepto, ingresa nuevamente lo expeditado por Welsh et al. (2015): se valida que es necesario flexibilizar y guardar el juicio moral para ser partícipe y merecedor de los beneficios que conlleva la corrupción.

Cabe resaltar que el término reciprocidad local se utiliza para especificar la razón y resultados de la confianza entre los sujetos que entienden el sentido de sus acciones corruptas (Mujica, 2011). Las conciencias de todos los involucrados en los actos ilegales, o simplemente conocedores de este tipo de escenas, comparten una cercanía personal que se gesta en la retribución de favores ilícitos. Paralelamente, al suceder el hecho de corrupción, nace un tipo de confidencialidad y amistad que termina en la aprobación de los movimientos corruptos y su benevolencia al descubrimiento con el fin de maximizar los beneficios (Calvo, 2017).

El Mesosistema

El siguiente nivel interrelaciona los microsistemas en un ambiente donde su convergencia produce hechos que afectan igualmente a las personas, aunque ya no sean participantes activos (Cortés, 2001). Se destacan: las instituciones burocratizadas, la informalidad y la corrupción estructural.

La problemática que encapsula las instituciones burocratizadas se bifurca en dos aspectos: el acceso a los servicios y la extensión de las redes burocráticas. A propósito del primer punto, Yamada y Montero (2011) comentan, sobre el tema de los servicios básicos y la corrupción, que dentro del pedido de estos servicios se descubren óbices provocados por el marco orgánico legal que son muy difíciles de superar por la población más vulnerable. Consiguientemente, a fin de buscar una solución nacen los “costos ocultos”, término que visibiliza el pago de coimas y sobornos, los cuales resultan una salida óptima para satisfacer las necesidades (Yamada y Montero, 2011). Sin embargo, los costos ocultos no pertenecen a un solo grupo. Su manejo dirigido por poblaciones mejor posicionadas económicamente sucede, además que para omitir trámites, para apoderarse de los gastos no productivos de la corrupción y de esa manera perpetuar las rentas individuales; en otras palabras, por beneficio personal se admite el uso de técnicas ilegales (Estévez, 2005; Yamada y Montero, 2011).

Como segundo punto, las redes burocráticas interinstitucionales pueden ser tan extensas que pierden la conexión unas entre otras. La incomunicación queda como un predictor del distanciamiento entre las organizaciones supremas de regularización estatal (Acemoglu & Verdier, 2000). Las consecuencias se observan en el crecimiento desigual de empleados públicos y, por ende, del presupuesto público, situación que llama al aprovechamiento de las divisas sobrantes.

Al mismo estilo de las instituciones burocratizadas, la informalidad surge como una situación que dificulta la obtención de recursos y, por lo tanto, la satisfacción de las necesidades básicas. El individuo, entonces, debe idear planes alternos que consigan el éxito y para ello se aprovechará de las técnicas de corrupción. Cerca del 72% (11 millones de personas) de la población económicamente activa ocupada (PEAO) representan el empleo informal en el Perú, según la Cámara de Comercio de Lima (2017). Esta cifra demanda una explicación y las razones que Tafur (2020) ofrece encierran la heterogeneidad de ganancias. Resalta la flexibilidad económica, que coincide con el fraude fiscal y la evasión de impuestos (Tafur, 2020). Estas prácticas corruptas son aceptadas o bien por codicia o por la creciente desconfianza hacia las instituciones gubernamentales, así como por el problema con la burocracia y el uso indebido de los impuestos (Tafur, 2020).

Es así que la formulación de la corrupción estructural, según Sandoval (2016a; 2016b), consiste en un fenómeno de comportamiento grupal en tanto las características de las redes de corrupción son la autosostenibilidad y las asociaciones. Es por ello que la manera legítima de determinar la corrupción estructural es recabando en sus sistemas de soporte, que son la impunidad y la dominación política (Sandoval, 2016b).

En cuanto a la impunidad, la absolución de denuncias es la forma más clara en que se usa este sistema de soporte. Ahora bien, ese tipo de favores conllevan un nivel de difícil acceso, particularmente los grupos de poder obtienen esos beneficios (Sandoval, 2016b). La impunidad no solo es un instrumento de liberación ilegal, sino que también oprime la idea de participación ciudadana y muta las actitudes hacia la indiferencia, insensibilidad y sumisión. Siguiendo el repertorio, la dominación política se adueña de la concepción de la corrupción estructural como “una forma específica de dominación social sustentada en un diferencial de poder estructural en la que predominan el abuso, la impunidad y la apropiación indebida de los recursos de la ciudadanía” (Sandoval, 2016b, p. 123). Se podría concluir que estos dos últimos agentes están directamente relacionados con la reciprocidad local.

El Exosistema

El propósito del exosistema es unificar hechos, por lo que deja las relaciones directas en los anteriores sistemas (Bronfenbrenner, 1979/1987; Ruvalcaba & Orozco, 2018). Los sucesos más importantes que sustentarán la tolerancia hacia la corrupción son la violencia institucional y la violencia estructural. La violencia institucional está legitimada por el Estado, y como está asociada a ella, absorbe las mismas deficiencias burocráticas; por ende, los mismos instrumentos corruptos para escapar de sus carencias (Perelman y Trufó, 2017). Ahora bien, a pesar del rasgo público que tiene la violencia institucional, con el tiempo, sus funciones y el cargo de responsabilidad se han ido complejizando y, de cierta manera, justificando en función a la conformidad de los grupos sin poder (Perelman y Trufó, 2017).

La violencia estructural se basa en la corrupción estructural, “que se expresa con la negación a los grupos en desventaja el acceso equitativo a la tierra, el empleo, la educación, las instalaciones médicas, la vivienda” (Martinón, 2016, p. 15). Esto perpetúa las brechas sociales y construye las desigualdades. Asimismo, la corrupción estructural afecta la institucionalidad democrática generando marcos de aceptación y tolerancia de prácticas ilícitas por la transgresión de los principios de equidad y justicia social. A pesar que se conoce esa problemática, su reproducción es intencional con el fin de mantener las separaciones sociales y evitar el acceso a herramientas de atención democrática (Loeza, 2017).

El Macrosistema

En el macrosistema, los contenidos de los niveles anteriores se hallan en las subculturas o culturas con sistemas de creencia e ideologías propias (Cortés, 2001). Los agentes en el mesosistema sufren una metamorfosis al pasar al plano del macrosistema, donde convergen para convertirse en culturas de la sociedad, en este caso, aquellas que describen las actitudes de tolerancia hacia la corrupción: la desigualdad socioeconómica, la cultura de la legalidad y la cultura de la denuncia.

La interacción entre la corrupción estructural y la desigualdad socioeconómica repercute en la impunidad que influye en el acceso a la justicia. En contraparte, las desigualdades que origina la corrupción se planean por las desproporcionadas posibilidades de acumulación de riquezas que implican la creación de una élite, cuyo objetivo es reproducir las desigualdades para reforzar su poder (Loeza, 2017; Yamada y Montero, 2011). Asimismo, el posicionamiento en los puestos gubernamentales se proyecta como metas para conseguir progresivamente la independencia de las autoridades. Esto es sumamente importante porque su alcance significa que se logró una superlativa condición de libertad económica. Y como esta, la libertad económica alcanza todos los aspectos individuales, guía las conductas y actitudes hacia la asimilación de las técnicas corruptas, pues aseguran la vigencia de la calidad de vida que se desea.

Por otro lado, la cultura de la legalidad opera como “un vehículo para la paz y una convivencia social armónica” (Peña, 2016, p. 109), pese a ello, este agente se subraya teniendo en cuenta el momento cuando se tergiversa el pacto de respeto hacia las leyes. Amparo (2015) identifica tres factores que quiebran la defensa de la cultura de la legalidad y promueven la ejecución de la burla hacia las leyes. Los primeros factores se ajustan al desconocimiento y omisión de las normas legales. La opinión pública coincide en la innecesaridad de las reglas jurídicas por su complejidad y poca utilidad en la vida común, pero aún más importante, se señala que de cualquier manera la omisión de las reglas es común en todos los ámbitos (Amparo, 2015). Lo anticipado se resume en la frase: “si la ley no te favorece o te parece injusta es válido dejar de obedecerla” (Amparo, 2015, p. 35). Bastante parecido a lo que denominamos popularmente como “la criollada” o “viveza criolla” en el Perú (Aliaga, 2012).

La cultura de la denuncia, señala Amparo (2015), al igual que la cultura de la legalidad, interviene en la sociedad presumiendo que el correcto uso de la denuncia puede lograr la convivencia armónica. La denuncia se estipula como el mecanismo de control social que da el poder de acusar a la justicia un acto ilícito detectado; pese a ello, el esquema de la denuncia se ha ido corrompiendo por, entre otras cosas, abstención de los pasos burocráticos y el silencio social (Ferreiro, 2019).

Ante esto último, el silencio es una imposición que protege la red de corrupción, pues su base es la confianza. El voto de lealtad “desincentiva a los ciudadanos para adoptar acciones en defensa del patrimonio e interés nacional” (Ferreiro, 2019, p. 108), y esto no es resultado de una extraña defensa por ideales, más bien es producto del miedo al perseguimiento violento. Los superiores (funcionarios y autoridades), por ejemplo, temen que sus denuncias los lleven a la difamación pública, mientras que los subordinados presencian los riesgos de represalias y las enormes dificultades procesales que terminan por desanimarlos (Ferreiro, 2019). Al final, todo el aspecto cultural que promueve la tolerancia hacia la corrupción se resume en el miedo por la violencia y el abandono que posiblemente el sujeto puede recibir si no decide someterse.

A lo largo del desarrollo de este análisis, se vislumbra que los sistemas del modelo ecológico han funcionado para describir las transformaciones de las relaciones sociales directas hasta los estados culturales. En definitiva, el modelo ecológico que propone Bronfenbrenner (1979/1987) analiza de forma completa la actitud de tolerancia en los peruanos hacia la corrupción. El argumento que responde a la pregunta de por qué se soportan los actos deshonestos es una secuencia de relaciones que acumulan obligaciones hacia la activación de la corrupción. Detrás de la tolerancia se ocultan características personales como la codicia, el miedo, la desesperación, la ambición, la indiferencia e insensibilidad. Por supuesto, estas particularidades se consideran solo a nivel individual, pero su peligro se halla en las esferas superiores donde el sujeto es deshumanizado y realmente pasivo frente a los comportamientos corruptos (Cortés, 2001).

Para concluir, un reto de las futuras investigaciones sobre este tema sería identificar la diferencia entre distintas poblaciones peruanas y la actitud tolerante que asumen hacia la corrupción. Este texto busca impulsar un estudio más profundo sobre la tolerancia hacia la corrupción en el Perú para ir más allá de una revisión teórica acerca de las opiniones sobre este fenómeno. Es importante comprender cómo se desarrolla la tolerancia hacia la corrupción en los ambientes sociales. En la medida que las investigaciones de psicología política peruana evolucionen, la construcción de intervenciones sociales que puedan desactivar y obstaculizar las prácticas de corrupción en el Perú serán exitosas.

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