El círculo de violencia: El conflicto del Baguazo y las lecciones no aprendidas

Sebastián Ruales González – Estudiante de octavo ciclo de Ciencia Política y Gobierno en la Pontificia Universidad Católica del Perú

El Baguazo fue un conflicto en el que el Estado se confrontó contra su ciudadanía. Por un lado, las comunidades amazónicas demandaban el respeto a sus derechos territoriales. Por otro lado, el Estado quiso implementar los acuerdos del TLC con EE.UU sin fijarse en el impacto que tendría en el territorio de estas comunidades. En ese sentido, el conflicto expresó la realidad que sufren las comunidades amazónicas en el Perú: un continuo de violencia que ha marcado al país durante diferentes épocas y que hasta hoy en día no ha llegado a una solución. Nos encontramos a poco de diez años del conflicto y si bien este ha dejado una huella aún presente, al analizar el Perú post-Baguazo vemos que no ha calado como debería. Así, este suceso no ha logrado impulsar un remedio efectivo contra la violencia estructural con la que el país carga desde la colonia, lo que se evidencia, por ejemplo, en el hecho de que no se han implementado políticas de reconocimiento y participación ciudadana más inclusivas para hacer frente a estos problemas.

En ese sentido, para dar cuenta de la gravedad del asunto, es necesario explicar lo que significó el Baguazo. Este, sobre todo, fue un conflicto donde imperó una violencia tanto simbólica como física, que se expresó en un Estado incapaz de reconocer como ciudadanos a su propia población amazónica. Así, este conflicto entre un Estado proclamado republicano y su población evidencia, incluso hasta la actualidad, un proceso inacabado de formación y consolidación de una república inclusiva que, para la teoría republicana, debería de defender una relación estrecha entre el Estado y ciudadano. En este sentido, es importante –en una verdadera república– evitar una tiranía de la minoría que permita al gobernante usar de manera arbitraria el poder otorgado por la ciudadanía para fines que no sean deliberados o aceptados por la misma (Hernández, 2002).

Se ha estado sistemáticamente vulnerando los derechos y las demandas de los pueblos amazónicos negándoles su ciudadanía a través de la violencia, que se expresó últimamente en el Baguazo pero, también, en otros sucesos más actuales como las concesiones petroleras o las políticas para enfrentar la pandemia del COVID.

Sin embargo, el Baguazo, como muestra de este proceso inacabado de consolidación republicana, se desarrolló como un continuo de violencia impulsado por la tiranía de la minoría gobernante, quienes encontraron sustento en un contrato social deficiente que deja a estas comunidades, así como a otras “minorías nacionales”, sin el reconocimiento pleno de derechos. Estos problemas, surgidos en los albores de la independencia, son arrastrados hasta la actualidad debido a que, como menciona Neira (2012) “nuestras costumbres violentas diluyen toda la autoridad [democrática] […] nuestro contrato social consiste en que no lo haya (pp. 6). Por lo tanto, desde un inicio no se ha formado un contrato en consenso con todos los “ciudadanos” que habitan el Perú, sino que se impuso uno que favorecía a ciertas clases –en especial la criolla– en detrimento del reconocimiento de las demás partes como actores iguales y con la misma capacidad de participar en la esfera pública.

De esta manera, el Baguazo se puede entender como un conflicto caracterizado por la discriminación que trae consigo una anulación de la ciudadanía por medio de la violencia simbólica a partir de los discursos del expresidente Alan García y los medios de comunicación que comparan “a los indígenas con animales que no gozan ni permiten el usufructo de los recursos del territorio amazónico” (citado en Guzmán, 2018, pp. 854). Asimismo, la violencia física acompañó a esta violencia simbólica, que se evidencia en los sucesos a partir del 5 de junio en la Curva del Diablo con los 33 muertos y los posteriores torturados en el cuartel “El Milagro” (FIDH, 2009). No obstante, y como ya se ha mencionado, el conflicto no ha dejado lecciones duraderas ni ha significado un cambio sustancial en la política del país.

Lo anterior se evidencia en el constante déficit de representación de estas comunidades en la política nacional, pues no existe un movimiento indígena y/o amazónico fuerte que pueda ejercer presión por las demandas de sus comunidades, como sí sucede, por ejemplo, en los casos ecuatoriano y boliviano. Además, tampoco existe una participación electoral amazónica considerable. Como menciona Espinoza y Lastra (citado en ONPE, 2010) con respecto a la escaza participación electoral de indígenas amazónicos, cabe señalar dos problemas fundamentales: el alto número de indocumentados y el excesivo costo que implica ir a votar (p. 95). De esa manera, se puede evidenciar que la misma violencia –al menos de manera simbólica– se presenta en la falta de interés y/o capacidad del Estado en responder de manera adecuada a las demandas y necesidades de estos grupos para que puedan participar en pie de igualdad en la esfera política nacional. Es así que a nivel provincial la situación de la participación y representación indígena es critica; pues, en las elecciones municipales y regionales del 2010, en donde hubo una ampliación de la circunscripción y se aplico la cuota, la representación se elevo a 7.05%; sin embargo, en las posteriores elecciones del 2014 y 2018, a pesar del mayor aumento de circunscripciones, la representación se estancó en el 7% (ONPE, 2019).

Actualmente, el déficit de representación y la falta de atención de las demandas de estas comunidades se reflejan también en las políticas que ha tomado el Estado primero, sobre las concesiones petroleras y segundo, en la lucha contra el COVID19. Con respecto a la primera, es necesario resaltar que en el 2018 el gobierno aprobó una modificación a la Ley de Hidrocarburos, con la que se hacen menos estrictas las normas ambientales y no se toman en cuenta los derechos garantizados a los pueblos amazónicos en los estudios de impacto ambiental (Koenig, 2019). Así, esta modificación debilitó aún más el deficiente control sobre las consecuencias en el medio ambiente que pueden tener la industria petrolera, lo que representa un grave problema para las comunidades. Como muestra de ello, “la Amazonía peruana sufr[ió] cerca de 500 derrames de petróleo en los últimos 20 años, producto en su mayoría de fallas operativas y corrosión de la infraestructura” (EFEverde, 2020). Estos derrames petroleros terminan afectando mayormente a las comunidades amazónicas, pues el territorio del que se sustentan es contaminado y ya no pueden desarrollar las actividades necesarias para su subsistencia. En ese sentido, y a pesar de los pedidos de las diferentes comunidades amazónicas para terminar con estos proyectos, el Estado opta por no atender estos reclamos y prefiere mantener sus políticas económicas en detrimento de los derechos y las demandas de las comunidades.

Es así, que para revertir esta situación, se necesitan implementar nuevas políticas de reconocimiento y participación política que vayan más allá de las concepciones liberales del multiculturalismo e inserten esta violencia estructural como un problema público en las esferas deliberativas de la sociedad.

Este desinterés por el bienestar de las comunidades se expresa también en plena situación de la pandemia. Así, las políticas frente al coronavirus como “el ‘Plan Nacional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y Contención del COVID-19’ cuentan con una mirada centralizada y sin mención a las poblaciones amazónicas vulnerables” (Perez & Younger, 2020). Esto genera que las comunidades amazónicas queden expuestas a un mayor riesgo de contagio y muerte, ya que no se cuenta con un enfoque inclusivo que las considere como ciudadanos igual de importantes que aquellos de entornos urbanos. Es así que AIDESEP ha demandado al Estado frente a la ONU por “acción y por inacción, al no aprobar el plan de atención intercultural para Loreto, listo hace cinco semanas, e ignorar una serie de oficios e informes de la Defensoría del Pueblo” (Lazo, 2020).

Teniendo en cuenta lo mencionado, es importante enfatizar que las problemáticas detrás del Baguazo son de larga data en el país. Por lo tanto, es un conflicto que sobrepasa el ámbito institucional, pues los problemas son de carácter estructural y, por consiguiente, las posibles soluciones que se encuentren solo a nivel de las instituciones no serán capaces de resolverlo, ya que el problema antecede a la creación de las propias instituciones republicanas. Por ello, las formas de violencia subyacentes en el Baguazo requieren, además de una implementación adecuada de los mecanismos de representación ya existentes, pensar en nuevas formas de participación y reconocimiento político que permita a estas comunidades expresar sus demandas en pie de igualdad frente al Estado.

AIDESEP ha demandado al Estado frente a la ONU por “acción y por inacción, al no aprobar el plan de atención intercultural para Loreto, listo hace cinco semanas, e ignorar una serie de oficios e informes de la Defensoría del Pueblo” (Lazo, 2020)

Para una solución efectiva, Sánchez (2016) menciona que se tiene que partir de las concepciones liberales del multiculturalismo y, en lugar de un solo proceso de construcción nacional hegemónico como se dio en nuestro país, se necesitan diferentes procesos que respondan al carácter multicultural y multiétnico del mismo. Sin embargo, el problema de limitarse solo a la concepción liberal del multiculturalismo es que, a pesar de la generación y existencia de diferentes procesos de construcción identitaria que permiten formar una ciudadanía diferenciada –como propone el culturalismo liberal–, un grupo siempre a va a tender a dominar a otro –por ejemplo, siempre se prioriza una lengua sobre otra– lo que no permitiría nivelar el campo político para las comunidades.

Es por ello por lo que se necesita ir más allá de instituciones y mecanismos que buscan proteger a estas comunidades, tales como la Defensoría del Pueblo, el MIMP o la consulta previa, y apuntar a mantener los temas de multiculturalidad constantemente en la esfera pública. Así, los países con poblaciones multiculturales como el Perú deben de manejar los temas concernientes a ello como “un problema público o político, es decir, no quitarle su potencial liberador de crítica social y su capacidad creativa de generar nuevas formas de convivencia” (citado en González, 2016). Cabe resaltar que esto es un punto de partida, ya que, debido a la violencia estructural de larga data hacia las comunidades amazónicas, estas se encuentran imposibilitadas de realizar una participación en la esfera pública sostenida en el tiempo. Sin embargo, manteniendo los temas relacionados al multiculturalismo como un problema público que atañe a todos los ciudadanos y enfatizando en la necesidad de una educación intercultural se permitiría empezar a nivelar el campo político para la participación efectiva de estas comunidades.

Bibliografía

Dolorier, G., Paneque, P. (2013). Poder, gobierno y territorio: análisis del Socioambientales(14), 139-159.

Efeverde. (14 de agosto de 2020). La Amazonía peruana sufrió casi 500 derrames de petróleo en 20 años. Efeverde. https://www.efeverde.com/noticias/la-amazonia-peruana-sufrio-casi-500-derrames-de-petroleo-en-20-anos/#:~:text=La%20Amazon%C3%ADa%20peruana%20sufri%C3%B3%20cerca,un%20informe%20divulgado%20este%20jueves.

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). (2009). Perú – Bagua Derramamiento de sangre en el contexto del paro amazónico urge abrir diálogo de buena fe. Paris: Federación Internacional de Derechos Humanos.

Guzmán, F., & Rodrigo, M. (2018). El “Baguazo” en el discurso periodístico peruano. Un análisis crítico de los medios durante el conflicto amazónico de 2009 . Estudios Sobre el Mensaje Periodístico, 853-867

Hernández, A. (2002). Republicanismo contemporáneo: Igualdad, democracia deliberativa y ciudadanía. Bogotá: Siglo del Hombre. Editores.

Koenig, K. (2019). Las cuencas sagradas del Amazonas: Bosques amazónicos indígenas “territorios para la vida” están en amenaza [informe]. Recuperado de: https://amazonwatch.org/assets/files/2019-12-informe-cuencas-sagradas.pdf

González, M. (5 de octubre de 2016). La interculturalidad en el Perú: el desafío de las políticas públicas. CampUCSS. https://camp.ucss.edu.pe/blog/la-interculturalidad-en-el-peru-el-desafio-de-las-politicas-publicas/

Neira, H. (2012). Al día siguiente. En H. Neira, ¿Qué es República?

ONPE. (2011). Participación de la Población Indígena Amazónica en las elecciones regionales y municipales 2010 [informe]. Recuperado de: https://www.onpe.gob.pe/modEducacion/Publicaciones/DT-29Participacion_de_la_poblacion_indigena.pdf

ONPE, (2019). Un análisis multinivel de los efectos de su aplicación [informe]. Recuperado de: https://www.onpe.gob.pe/modEducacion/Publicaciones/DT-46.pdf

Perez, M., & Younger, T. (2020 de mayo de 6). El coronavirus en la Amazonía peruana: entre la inacción estatal y las respuestas de los pueblos indígenas en defensa de la vida. Obtenido de Forest People Programme: https://www.forestpeoples.org/es/coronavirus-en-la-amazonia-peruana-y-la-respuesta-indigena-a-la-inaccion-estatal

Sánchez, A. (2016). Culturalismo liberal y multiculturalidad en el Perú. Reflexiones desde la teoría política del Will Kymlicka. Vox Juris, 2 (32). 55-63.